La Defensoría del Pueblo informó que el programa de reparaciones individuales a víctimas de la violencia terrorista ha avanzado en un 62% y ha destinado S/. 195 millones para su aplicación.

Sin embargo, el organismo indica que aún no ha alcanzado el impacto esperado en los afectados y sus familiares, según se deprende del balance que han efectuado sobre el nivel de implementación del Programa de Reparaciones Económicas, iniciado en el año 2011.

“Existen dificultades en su implementación pues se han puesto limitaciones al derecho a la reparación que tienen las víctimas”, señaló Eduardo Vega, Defensor del Pueblo en funciones.

Cabe recordar que este programa – regulado por el D.S. N° 051-2011-PCM – otorga una indemnización de S/. 10 mil a las víctimas de violación sexual, a aquellas que quedaron con una discapacidad permanente, y a los familiares de las personas desaparecidas o fallecidas, inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV). En este último caso, dicho monto se divide entre los padres, hijos/as, esposo/a o conviviente de la víctima.

La Defensoría del Pueblo recordó que esta norma también estableció el cierre del RUV para aquellas personas que se inscriban después del año 2011. En la actualidad, si bien se les permite su acreditación como víctimas, no pueden acceder al pago de la reparación económica cuando les corresponda.

“La Comisión Multisectorial encargada de estos temas (Cman), acordó en noviembre del 2011 incrementar el monto de indemnización a 10 UIT, así como recuperar el carácter permanente del RUV y permitir el acceso a las reparaciones económicas de todas las víctimas. Este acuerdo no se ha cumplido hasta hoy”, dijo el funcionario.

Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, expresó su preocupación debido a que no se está reconociendo el pago por cada afectación que sufrió una víctima.

“Hay madres que han perdido a dos hijos, incluso a su esposo o conviviente y, pese a que la norma señala que se debe reconocer a cada víctima, sólo se les indemniza por una de ellas. Se firmó un acuerdo en febrero del año 2013 para corregir esta indebida interpretación, pero no se viene ejecutando. El tiempo pasa y hay muchas personas adultas mayores que siguen esperando”, puntualizó la funcionaria.

A renglón seguido, la funcionaria señaló la necesidad de la pronta aprobación del protocolo para priorizar a las personas con enfermedades graves en el acceso a su indemnización.