Un total de 167 comisionados de la Defensoría del Pueblo fueron desplegados -en la víspera- para supervisar la situación y calidad del servicio que brindan 90 hospitales en todo el país. Esta inspección se llevó a cabo en las áreas de emergencia de los nosocomios (II y III nivel de atención) del Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud, gobiernos regionales, establecimientos de salud de la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano.
Como evidencia de los problemas detectados en muchos nosocomios, esta mañana en el hospital de San Juan de Lurigancho del Minsa, comisionados de la Defensoría del Pueblo tuvieron que intervenir para que un menor de edad, que presentaba fuertes dolores abdominales, fuera finalmente atendido y diagnosticado de apendicitis.
La Defensoría señala que el citado nosocomio no cuenta con un especialista en cirugía pediátrica, por lo que ante el riesgo de vida, sus funcionarios acompañaron al menor y realizaron todas las coordinaciones necesarias para que sea referido al hospital San Bartolomé, donde viene siendo atendido.
La Defensoría reconoce que el servicio de emergencia es el ambiente donde se exige mayor dedicación para realizar atenciones oportunas y de calidad, y es donde se refleja la importancia de contar con un sistema eficiente. De lo contrario, se pone en peligro la vida de las personas o se generan secuelas invalidantes.
Entre los años 2014 y 2015, alrededor de 9 millones de personas han sido atendidas en las áreas de emergencia, según información del Minsa y EsSalud.
Quejas sobre servicios
Dentro de las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo en cuanto a la inadecuada prestación de servicios de salud, una mayoría (54%) se concentra en la inaccesibilidad a estos, por diferentes motivos. Asimismo, alrededor de la tercera parte (29%) están referidas a la disponibilidad. Esto último se refiere a la falta o ausencia de personal, desabastecimiento de medicamentos, insumos médicos y demora para acceder a una cita médica.
Los resultados de la supervisión serán dados a conocer el martes 29 de noviembre. Dichos resultados permitirán formular recomendaciones a las autoridades competentes del sector Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta información contribuye a superar la problemática en cuanto a la calidad de la atención y el acceso a los servicios de salud, que son un derecho fundamental establecido por la Constitución del país.
