Agua y saneamiento: un verdadero desastre
Por: Gonzalo Prialé
Presidente
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional

El desastre de Villa Maria del Triunfo ha servido para desnudar las falencias de Sedapal y de la política sobre agua y saneamiento en el país. Quedó evidenciado que Sedapal no hace mantenimiento porque no tiene recursos ni la costumbre de hacerlo, aunque tampoco logra ampliar la cobertura como debiera. El daño a los damnificados es tremendo.

Sedapal ha tercerizado a privados parcialmente algunas labores secundarias, como cortes, reconexiones, instalación de medidores y facturación, pero no otras esenciales como tendido, operación y mantenimiento de redes.

Lo primero que llama la atención es el silencio de políticos y congresistas que suelen estar detrás de cualquier evento que les permita denunciar a las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, pero ante la manifiesta incapacidad de Sedapal, se quedan callados. ¿Es que cabe un doble estándar donde las empresas estatales no son responsables de los destrozos que causan y su demora para resolverlos, y a las empresas privadas se les acusa y persigue a la menor falla real o imaginaria y se ponen en marcha sendas comisiones investigadoras?

Estamos ante una ocasión para replantear el enfoque sobre el tema del agua y saneamiento y su futuro. Si dejamos las cosas como están, seguiremos condenados a vivir con un déficit de cobertura y calidad del servicio enorme, sin visos de solución.

En el Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021 presentado por AFIN recientemente, la brecha en agua y saneamiento a nivel nacional se estima conservadoramente en 5,331 millones de dólares. Por realismo, considerando la casi nula voluntad política de enfrentar el problema de Sedapal y las EPS municipales quebradas en las regiones, no se presentó una cifra mayor.

Lo cierto es que el déficit de agua y saneamiento es el más grave y persistente, mientras que en otros sectores se notan avances gracias a las asociaciones público privadas que construyen, operan y mantienen infraestructura de servicios públicos de calidad.

¿Qué política ha planteado el Estado? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector, y presentó hace unos meses un proyecto de ley de modernización de los servicios de saneamiento. En el proyecto se crea un ente burocrático denominado OTASS, encargado de cautelar la correcta ejecución de la respectiva política de Estado.

Se plantea primero una evaluación de la solvencia económica, financiera y técnica de las EPS, que principalmente servirá para identificar aquellas (en realidad prácticamente todas) que entrarán en un régimen de apoyo transitorio. El régimen tiene por objeto “fortalecer” a las EPS, en particular su equilibrio financiero, y durará como máximo 12 años. En ese lapso la administración de las EPS incursas, estará a cargo de OTASS, quien cada tres años deberá evaluar la situación para ver si las EPS en cuestión continúan o salen del Régimen Transitorio.

En estas EPS bajo el régimen transitorio, el OTASS podrá promover la participación privada, y el plazo de las concesiones o APP no podrá exceder el plazo de duración del apoyo transitorio, o sea máximo 12 años. Además durante los cinco años siguientes a la conclusión del régimen transitorio, cada año, OTASS evaluará las EPS y si recaen en falencia puede determinar el reinicio de un nuevo régimen transitorio de apoyo.

Francamente, esta política de parches burocráticos no parecería conducir a nada bueno. Primero ¿por qué hay que “fortalecer” lo que no funciona en absoluto, como acaba de quedar demostrado en Villa Maria del Triunfo? Segundo ¿qué sentido tendría poner en marcha APP transitorias, como el régimen transitorio, para después devolverles la gestión a las EPS fallidas? Tercero ¿qué sentido tiene devolverles la gestión a las EPS al concluir el régimen, sabiendo que si recaen se tendrá que intervenirlas de nuevo?

En este experimento, perderíamos doce años para seguir en lo mismo. Por otro lado, hace un tiempo se dijo que como Sedapal no cuenta con suficientes recursos para mantenimiento y SUNASS no permite que suban las tarifas (porque conoce la inoperancia de Sedapal) habría que cargar un aporte en el recibo de agua a los vecinos de Lima para subsidiar a Sedapal.

Seamos realistas, si se trata de aumentar tarifas o de introducir cargos en el recibo de agua para hacer obras, esta bien, pero las obras deben concursarse y ser ejecutadas, operadas y mantenidas por el sector privado. El país no puede darse el lujo de perder una década más, por el temor de los políticos de enfrentar el tema. Parece que no se han percatado que la mayoría de la población quiere agua y desagüe, pero no quiere a Sedapal ni a las EPS, porque no caminan y están quebradas. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo?

Se debiera retirar el proyecto de ley mencionado y promover uno nuevo que abra la puerta a la inversión privada, sin tanta cortapisa y temor a enfrentar la situación. Lima y Callao son tan grandes que justificarían dos o tres asociaciones público privadas (Norte, Sur, Centro) que compitan entre ellas y sustituyan a Sedapal. En las regiones se podría lanzar progresivamente APP regionales a cargo del agua y saneamiento para sustituir las EPS municipales.