(AFP) El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, anunció la captura por corrupción del jefe del organismo encargado de combatir ese delito, quien es pedido en extradición por Estados Unidos.

“Con indignación (..) me veo en la obligación de informar a la opinión pública que en el día de hoy (martes), quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivero, acaba de ser capturado”, expresó Martínez en un comunicado.

Según el fiscal, la orden de arresto fue enviada por la Interpol en Lyon, Francia, mediante una circular roja, acusando a Moreno por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia.

En una operación coordinada con el grupo élite de investigación de la Fiscalía (CTI) y la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) el funcionario fue detenido y en paralelo se ordenó la aprehensión del abogado penalista Leonardo Luis Pinilla, también implicado.

Los cargos que ambos enfrentarán en Estados Unidos, según el fiscal, apuntan a la complicidad entre Moreno y Pinilla para obtener “gruesas sumas de dinero” del exgobernador del departamento de Córdoba (noroeste), Alejandro Llyons, por incidir en investigaciones en las que está señalado de malversación de fondos.

Actualmente Llyons se encuentra en Estados Unidos, donde se reunió con el fiscal anticorrupción y Pinilla hace unas dos semanas, según las pruebas presentadas por funcionarios estadounidenses.

“Al parecer recibieron de Llyons un pago de varios miles de dólares”, según el comunicado.

Por otra parte, el fiscal general señaló que “en los próximos días” Moreno y Pinilla “serán notificados de una orden de captura con fines de extradición, requerida por la Corte Federal para el Distrito Sur de la Florida en Miami, por los delitos antes mencionados”.

También expresó que después de concluidos los operativos, la fiscalía identificará el patrimonio de los implicados y procederá a la extinción de dominio de los mismos.

Washington y Bogotá han sellado una alianza para perseguir la corrupción en Colombia.