(Bloomberg View).- Olvídese por un momento de que Brasil se halla en la peor recesión en un cuarto de siglo, que las exportaciones de América Latina están en caída y que los ciudadanos de la región están marchando contra la corrupción.

No importa que en zonas del hemisferio occidental los derechos humanos valgan menos que el bolívar venezolano.

En este momento, cada vez que se reúne la Organización de Estados Americanos –como lo hizo esta semana en Washington para su 45° asamblea general- se impone el pensamiento mágico.

¿Cómo explicar, si no, la elección de Patricio Pazmino Freire para la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El magistrado de 57 años también preside casualmente la Corte Constitucional del Ecuador, lo cual debería hacer sonar uno o dos toques de alarma. Allí, ha ganado la reputación de no decepcionar nunca al presidente Rafael Correa.

Ratificó lealmente la Ley Orgánica de Comunicaciones en 2013, por ejemplo, que allanó el camino para que el gobierno demande o silencie a sus críticos y transformó a Ecuador en el peor país de América para ser periodista después de Cuba y Venezuela.

Ya eso habría sido bastante malo si Correa no hubiera pasado por la sede del tribunal de la OEA en San José, Costa Rica, en enero, para dejar un gran “abrazo” y un cheque por US$1 millón, llevando a un comentarista ecuatoriano a calificar a Pazmino de caballo de Troya. ¿A qué mecenas obedecerá Pasmino, al supremo tribunal regional o al caudillo andino, cuando lleguen al estrado denuncias relativas a Ecuador, como ocurrió tres veces el año pasado?

Las ambiciones de Correa no son secretas. Desde que el tribunal regional convocó a su gobierno por su campaña destinada a silenciar al tendencioso columnista Emilio Palacio y castigar a su diario, El Universo, Correa ha tratado de vaciar o captar la OEA.

Más perturbador es el pase libre que ha recibido Correa de sus vecinos. Pazmino fue electo el martes con 22 de 23 votos válidos. No hubo audiencia de designación y nadie presionó a Pazmino para que respondiera a los “múltiples esfuerzos” de un grupo de vigilancia judicial que intentó escucharlo acerca del nombramiento crucial de seis años.

Más que un laissez-passer, fue un síntoma del profundo desorden de la que solía ser la plataforma más alta de la diplomacia hemisférica. Dividida, distraída, sin ideas ni fondos, la organización de 68 años languidece. De los 35 Estados miembros, 21 deben cuotas atrasadas.

Los países de la alternativa bolivariana para América, inspirados en el difunto Hugo Chávez de Venezuela, hace tiempo que exhortan a mudar la sede del grupo de Washington, sede del “imperio”, a suelo latino. Pero lo que más agita a los compañeros es la misión de derechos humanos de la OEA, a la que Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, ha llamado el “pulso” del pacto del continente americano.

En primer lugar, los signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos deben responder a las averiguaciones de la comisión y obedecer las decisiones del tribunal pertinente. No sorprende que Chávez, de Venezuela, renunciara a la convención de derechos humanos en 2013. (Seamos justos, los chavistas señalan que los Estados Unidos y Canadá nunca firmaron la convención –pero por otra parte ¿usted preferiría probar suerte ante los tribunales yanquis o el estrado bolivariano?)

“El sistema de derechos humanos es la única alternativa que tienen muchos en América Latina de hallar justicia cuando en su propio país esa vía está obstruida”, dijo Jaime Aparicio Otero, ex embajador boliviano ante los Estados Unidos.