Diferencias aparte, la Comisión de Justicia del Congreso y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) buscan afinar los alcances de la norma que propone sancionar penalmente a las empresas que incurran en delitos de corrupción. Así lo informó el asesor de la CAN, Vladimir León.
“Estamos en coordinaciones con la comisión de Justicia para sacar una propuesta de consenso que sea útil para el país. Tenemos programada una reunión dentro de dos semanas”, refirió León tras señalar que el proyecto que se debate en dicho grupo de trabajo recoge en parte la propuesta de la CAN.
“La propuesta del Congreso es bastante más amplia porque está planteada para todos los delitos. Nuestra propuesta es un poco más limitada porque solamente se refiere a delitos de corrupción”, señaló a Gestión.
En tanto, el congresista Juan Carlos Eguren, titular de la Comisión de Justicia, explicó a Gestión que podría también discutirse la aplicación de sanciones para el delito de lavado de activos.
“Mi punto de vista es que se sancione el delito de soborno transnacional. Otro punto que amerita discución es el de lavado de activos”, refirió.
La propuesta de la CAN se refiere al delito conocido como soborno internacional cohecho activo transnacional. Es decir, propone sancionar el otorgamiento de dinero, dádivas, favores y promesas entre funcionarios públicos.
Sanciones
Estas sanciones van desde multas del séxtuplo del beneficio obtenido, hasta la disolución de la empresa. Asimismo, señala la suspensión de licencias y la interrupción para contratar con el Estado.
Posturas
Cabe recordar que la moción, ha recibido cuestionamientos por parte de diversos gremios del país.
El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar, calificó el tema como sumamente delicado al considerar que si se van aplicar sanciones penales se tiene que dar herramientas a las empresas que puedan defenderse de la autoridades que realizan malas prácticas.
Mientras, el presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, sostuvo que la responsabilidad debe recaer en forma individual, mas no en forma colectiva.
Sin peligro
Pese los abiertos cuestionamientos del empresariado, León consideró que la moción no representaría ningún peligro para este gremio y las inversiones. Pero apuntó que sí deben establecerse algunos candados que garanticen su correcta aplicación. “No creo que habría algún peligro. Haría mal en decir que hay un riesgo A o B”, dijo León.
Sin embargo, Eguren acotó que se tiene que reconocer que existe un riesgo, porque, a diferencia de otros países, el Perú padece de una falta de institucionalidad. Es decir, no hay confianza ni seguridad plena en relación a la interferencia política e incluso económica en las instituciones como el Poder Ejecutivo, Judicial, Ministerio Público.
“Entiendo que ese es el principal argumento del sector empresarial que no está de acuerdo. Entonces, creo que hay que ir con cuidado, hay que ir sin prisas. Hay que ir por etapas”, añadió.
En corto
La propuesta de la CAN responde una exigencia de la Organización para la cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Asimismo, indica que una entidad no tiene responsabilidad penal si antes hubiera implementado un mecanismo de prevención. Juan Carlos Eguren dijo que “comparte dicho criterio”.
