El 12 de abril se intensificaron las tribulaciones de Mossack Fonseca, el estudio de abogados panameño del que se filtraron ingentes cantidades de documentos sobre su papel en la creación de empresas offshore.
Ese día, los fiscales allanaron su oficina matriz, y mientras la firma se defiende, los activistas por la transparencia financiera ya buscan más casos similares. Sus rivales claman que Mossack era un caso atípico. “Todos sabían que quienes recurrían a ella querían un poco más de confidencialidad”, señala un abogado que investiga fraudes offshore.
Sin embargo, otras fábricas de empresas ahora afrontan un mayor escrutinio, entre ellas otros grandes estudios de abogados panameños, como Morgan & Morgan, y OIL, subsidiaria de la hongkonesa Vistra, que principalmente atiende a clientes chinos.
Como Mossack, estas firmas son mayoristas: venden bloques de empresas fantasma a estudios de abogados y bancos, que a su vez las venden a clientes finales, en ocasiones a través de otros minoristas. Mossack ha hecho negocios con 14,000 de esos intermediarios y, en muchos casos notorios de los “Panama papers”, hubo una clara ruptura de la debida diligencia a lo largo de esta cadena.
Por ejemplo, los minoristas debieron revisar las identidades de los clientes y almacenar esa información, pero no lo hicieron. Mossack hizo poco para saber quiénes eran los clientes de sus clientes — podría no haber estado obligada a hacerlo—.
También es probable que los reflectores se dirijan a gigantes de los servicios corporativos como TMF e Intertrust, ambas basadas en Países Bajos, aunque la creación de empresas es solo una pequeña parte de sus negocios. El mercado global para la formación de empresas offshore y servicios complementarios no es enorme: los ingresos anuales quizás sean US$ 6,000 millones; pero es muy rentable (los márgenes antes de impuestos fluctúan entre 30% y 40%) y crece 7% al año.
La típica empresa offshore tiene una vida promedio de entre ocho y diez años, lo que significa que los clientes ofrecen “un agradable flujo de ganancias”, según indica un operador. Esto ha atraído a algunos inversionistas sagaces: Blackstone es accionista de Intertrust y Doughty Hanson es propietaria de TMF.
Otras jurisdicciones también están enfrentando más escrutinio, aunque Panamá es genuinamente distinta. Entre los centros financieros offshore importantes, es la única que se ha resistido a una mayor transparencia fiscal —una postura que ahora podría abandonar—. La mira también está sobre Reino Unido y sus territorios de ultramar, en especial las Islas Vírgenes Británicas (BVI), donde está inscrita cerca de la mitad de las 214,000 empresas mencionadas en los Panama papers.
Una docena de los 50 a 60 centros financieros offshore del mundo es o fue posesión británica y, en los 90, esas islas también fueron blanco de ataques, pero desde entonces han mejorado su perfil, al punto que hoy son bien evaluadas por la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo de Capitales (FATF). Pero el primer ministro, David Cameron, está siendo presionado para exigirles reformas, como la adopción de registros públicos de propiedad empresarial, tal como existe en Reino Unido.
Los territorios que no poseen registros centrales disponibles para la administración tributaria y otras autoridades gubernamentales, han accedido a implementarlos. Esto les pondrá a la cabeza de los estándares del FATF, puesto que todavía no exigen la recolección de data centralizada.
a recolección de data centralizada. La semana pasada, esos territorios se comprometieron a agilizar las respuestas a los pedidos de las autoridades británicas, de semanas o meses, a un día o menos —aunque todavía se resisten a hacer que sus registros sean públicos—.
Las BVI, que son domicilio legal de 450,000 empresas, esperan reducir las críticas con sus nuevos requerimientos para los agentes corporativos. Uno de ellos, que regirá desde este año, les obligará a recabar y verificar información sobre la propiedad de las empresas que ayudan a crear. Hasta ahora, esa tarea había sido encargada a agentes en el país de origen del cliente, quienes frecuentemente no lo hacían.
A algunos les preocupa que si se aprieta demasiado a los territorios británicos, el negocio se irá a lugares menos regulados y con leyes amistosas para la formación de empresas fantasma, tales como Seychelles y Samoa. Hong Kong, que ya es un importante vendedor de empresas offshore, también podría beneficiarse, así como los numerosos estados estadounidenses con regulaciones que protegen férreamente el anonimato corporativo, como Delaware y Nevada. Y también figura el propio Reino Unido, donde la supervisión de la formación de empresas también es pobre.
Se han establecido muchos vínculos vergonzosos entre empresas fantasma británicas y el crimen, tales como aquellos detrás de un fraude por US$ 1,000 millones en Moldavia que involucró a sociedades anónimas escocesas.
Los estafadores utilizan Reino Unido y Estados Unidos porque “son nombres confiables” y no son considerados de alto riesgo por los reguladores, sostiene Martin Kenney, un investigador de asuntos offshore. Esto le brinda al amante de la transparencia que es Cameron a reflexionar mucho mientras se alista para ser anfitrión de una cumbre anticorrupción, el 12 de mayo.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2016
