(AFP) La audiencia de la corte de apelaciones sobre el futuro del polémico decreto antimigratorio del presidente Donald Trump se celebraba este martes luego que el mandatario acusara a los medios y la justicia de subestimar una amenaza terrorista.

Tres jueces federales del Tribunal de Apelaciones Federal de San Francisco escuchaban los argumentos del Departamento de Justicia, representante del gobierno, y luego Noah Purcell, representante del estado de Washington, que consiguió en la corte suspender el decreto que prohíbe la entrada al país de inmigrantes y refugiados de siete países de mayoría musulmana.

“El presidente determinó que hay un riesgo real” y “la corte del distrito invalida el juicio del presidente sobre el nivel de riesgo”, dijo August Flentje, que tuvo 30 minutos para presentar sus argumentos.

Antes de la audiencia, Trump, acompañado de un grupo de comisarios de policía, insistió en que su orden era de “sentido común” y “muy importante para el país” a fin de protegerlo, según él, de ataques terroristas.

Los tres jueces no deben dar un fallo este martes sino luego en la semana, aunque la presidencia minimizó el alcance de la próxima decisión de la corte.

“La cuestión esta tarde está relacionada con la suspensión temporal (del decreto), no tiene nada que ver con el fondo del asunto”, dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, durante su encuentro cotidiano con la prensa. “Por ello estamos confiados” en la decisión del organismo judicial, señaló.

Pero el presidente republicano, que multiplicó este fin de semana los tuits incendiarios contra el juez de Seattle que suspendió la aplicación del decreto y el sistema judicial en general, ¿está listo para aceptar una nueva derrota en los tribunales?

“Por supuesto, el presidente respeta a la rama judicial pero tiene el poder de hacer lo necesario para garantizar la seguridad del país”, respondió su portavoz.

Por lo pronto el decreto, que cerró las fronteras a todos los refugiados por 120 días (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, queda suspendido.

En un tuit, Trump había intentado hacer responsable al juez de un eventual ataque terrorista en suelo estadounidense. “Si algo sucede, háganlo responsable, así como a todo el sistema judicial”, escribió, lo que generó fuertes condenas en todo el país.

Ante la colosal oposición judicial a una de sus más emblemáticas promesas de campaña --desafiada en una demanda respaldada por unos 130 gigantes tecnológicos, grupos de derechos humanos y las fiscalías de 16 estados-- el presidente arremetió contra los medios.

“Chequeos adicionales”
El lunes Trump acusó a los medios “deshonestos” de subestimar la amenaza del terrorismo, señalando que exprofeso ocultaron ataques de grupos yihadistas.

La Casa Blanca luego distribuyó una lista de 78 ataques que, indicó, fueron “ejecutados o inspirados por” el grupo yihadista Estado Islámico, señalando que la mayoría no recibió la debida cobertura en los medios, sin especificar cuáles.

El listado incluye numerosas atrocidades que dominaron la cobertura informativa del mundo por días, entre ellas los ataques en París de noviembre del 2015 o el tiroteo en San Bernardino, California en diciembre del 2015.

“Entiendo la completa deshonestidad de los medios mejor que nadie y se lo dejo saber a las personas”, declaró el martes.

En documentos entregados a la corte el lunes, el Departamento de Justicia señaló que la firma de decretos constituye un “ejercicio legal” de la autoridad presidencial y calificaron la decisión del juez como “enormemente excesiva”.

Si la corte en San Francisco mantiene la suspensión, la batalla legal se trasladará a la Corte Suprema, que necesitará una mayoría de cinco contra tres para rechazar el fallo del tribunal de apelaciones.

Pero ese escenario es una incógnita: las ocho bancas del máximo tribunal están igualmente divididas en cuatro magistrados conservadores y cuatro progresistas.

Decretada el 27 de enero, la prohibición generó la confusión inicial de las propias agencias migratorias encargadas de implementarla, sembró el caos en los aeropuertos y desencadenó protestas mundiales. Tras un apoyo popular inicial, una leve mayoría de los estadounidenses la rechaza ahora, según dos nuevos sondeos.

Pero el nuevo secretario de Seguridad Interior, John Kelly, defendió la medida este martes en el Congreso, aunque reconoció errores en la implementación.

El decreto “nos da una oportunidad de pausar y decidir qué chequeos adicionales podríamos agregar a lo que ya tenemos, que es mínimo en mi opinión”, dijo Kelly a la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.

Y acusó a los jueces de vivir en “un vacío”. “Si pasa algo malo, por haber dejado a alguien entrar, no le preguntarán al juez por su fallo, le preguntarán a personas como yo”, señaló.