EFE .- Haber perdido sus viviendas no es la única calamidad para miles de damnificados por las inundaciones de Perú, forzados a desplazarse a insalubres campamentos donde, como si de un éxodo bíblico se tratara, son asediados por el dengue, el zika, la anemia, las ratas y los grillos.

Para muchos de los habitantes de Catacaos y otras poblaciones aledañas de la norteña región de Piura, el único techo que tienen desde hace tres meses es una carpa de plástico de nueve metros cuadrados, un limitado espacio en el que a duras penas intentan rehacer sus vidas sobre el caliente desierto del norte peruano.

Saben que nunca podrán volver a sus hogares originales, pues el Gobierno ha prohibido que se vuelva a construir en las zonas inundadas para evitar una nueva catástrofe.

Su única esperanza es construir una casa con materiales rústicos a partir de las carpas que les entregaron en San Pablo, Santa Rosa y Tambogrande, los tres grandes campamentos situados a lo largo de cinco kilómetros de la carretera Panamericana Norte, y reconocibles desde lejos por los plásticos blancos acumulados.

Al inicio de la emergencia llegaron a concentrarse hasta 16,000 personas en esos improvisados albergues, y tres meses después aún permanecen unas 3,000 personas, según los funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en la zona, o 10,000 según la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura.

Ellos son parte de los 93,000 damnificados que las inundaciones dejaron solo en la región de Piura, fronteriza de Ecuador, además de causar 18 fallecidos, 3 desaparecidos, 40 heridos y la destrucción de unas 15.000 viviendas.

En Santa Rosa está Yeni Chiroque, madre de un hijo de 7 años, quien explicó a Efe que las condiciones en el campamento son “muy duras”, pues “la carpa arde” cuando hace calor, con temperaturas que llegan a 40 grados en verano, y ahora en invierno hace frío por las noches.

“No tenemos frazadas para abrigarnos. Ahora también abundan las ratas, y hacen huecos en el piso de la carpa”, contó Chiroque mientras muestra un agujero en el plástico que intenta tapar con un calcetín, justo al costado de una cómoda de plástico, la única pertenencia que pudo salvar de su casa.

“Tampoco tenemos cama y nos exponemos a muchas enfermedades. Pedimos fumigación, porque también hay una cantidad enorme de grillos, y calaminas y esteras para construir nuestras casas”, reclamó Chiroque.

La mujer, que tiene en el campamento un pequeño negocio de venta de gasolina, cocina con leña que recoge en los alrededores del campamento, como el resto de familias, pues en el lugar no hay gas ni electricidad, y el agua se raciona en depósitos.

Su vecina, Milagros Flores, comentó a Efe que ni ella ni su marido, padres de dos hijos, han podido encontrar todavía trabajo porque durante la inundación perdieron su carrito “sánguchero”.

Por el momento pueden alimentarse con las donaciones de alimentos de primera necesidad que el Ejército reparte cada dos semanas mientras continúe decretado el estado de emergencia en el lugar, lo que el Gobierno prorrogó la semana pasada hasta agosto.

En San Pablo, Inés Morán, también madre de dos hijos, afirmó a Efe que en ese campamento tienen “una oportunidad de salir adelante y empezar de cero”, mientras observa una quincena de viviendas prefabricadas entregadas por el Gobierno hace unos dos meses en el campamento, y que hasta ahora siguen deshabitadas.

Las inundaciones también causaron una epidemia de dengue en Piura, con hasta 43,000 casos contabilizados desde comienzos del año, alrededor del doble que en años anteriores para esta enfermedad endémica de la zona, según el director regional de intervenciones estratégicas de la Diresa de Piura, Eduardo Álvarez.

También se registraron una docena de casos de zika, tres de ellos en mujeres embarazadas, por lo que las autoridades se afanan en proteger especialmente a las gestantes para que no contraigan esa enfermedad, que puede causar microcefalia en el niño.

En los campamentos, donde la mitad de los niños tienen anemia, están varios organismos internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que tiene como objetivo ofrecer servicios de salud reproductiva y sexual a unas 10.000 mujeres de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. EFE