Con la finalidad de agilizar las pesquisas sobre el caso Odebrecht, la congresista Karina Beteta, miembro de la comisión Lava Jato, reveló que propondrá un proyecto de ley para que las empresas también puedan acogerse a la colaboración eficaz.
“En nuestras normas jurídicas no existe un marco legal que permita la colaboración eficaz empresarial”, declaró a Gestión.
En ese sentido, sostuvo que con su propuesta las empresas se someterán la justicia peruana para que den a conocer la relación de funcionarios sobornados, montos de coimas y obras que se habrían ejecutado ilegalmente.
Las declaraciones de la fujimorista se dan en el marco del comunicado del Mauricio Cruz Lopes, nuevo titular de Odebrecht, quien no descartó un posible acuerdo con la justicia de nuestro país.
Además, Beteta indicó que con su iniciativa legislativa la empresa que se acoja a este beneficio deberá pagar una indemnización al Estado, “por los daños ocasionados”. De esta manera, la parlamentaria replicó al presidente Pedro Pablo Kucyznski (PPK), pues este dejó abierta la posibilidad para que el Gobierno denuncie por daños y perjuicios a Odebrecht.
“Ese tipo de proceso civil puede durar 10, 15 o 20 años. Más factible es sacar un marco legal para que la empresa se convierta en colaborador eficaz”, expresó.
¿Iniciativa en bancada?
Consultada si la propuesta se presentará en conjunto con la comisión Lava Jato, subrayó que su idea la pondrá a debate con los demás miembros, después del 4 de enero, fecha de instalación del grupo parlamentario.
Bajo esa premisa, precisó que si su iniciativa no es respaldada, la presentará como un proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular.
Afirmó que apenas tenga la propuesta legislativa en escrito pedirá que el presidente de la Comisión de Justicia o de Constitución convoque a una sesión extraordinaria para que la analicen
“Otra opción es exonerar el trámite de comisión y que vaya a directo a la Comisión Permanente y ahí se apruebe”, apuntó Beteta.
Las ONG en la mira
En otro momento manifestó que, como parte de las pesquisas sobre los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios peruanos entre los años 2005 y 2014, el grupo de trabajo investigará a todas las ONG a las que dio dinero la constructora.
“En los sobornos no solo habrían participado exministros o funcionarios sino también ONG y estudios jurídicos. Las coimas no habrían sido directas, han buscado modalidades”, anotó.
Precisamente, se supo que Odebrecht entregó US$ 71,000 al Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que fundó Alejandro Toledo en el 2006.
PPK y la ministra de la Mujer, Ana María Romero, eran vocales de la referida ONG.
En diálogo con Gestión, el aún secretario general de Perú Posible, Marcial Ayaipoma, consideró que el caso debe investigarse. Sin embargo, pidió al Congreso no politizar la indagación.
Finalmente, la congresista de Fuerza Popular señaló que la comisión Lava Jato planteará al Gobierno que aplique la cláusula anticorrupción en el gasoducto sur.