Por Vito Verna
Abogado Área Ambiental Estudio Grau
Recientemente el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley mediante el cual se crea, dentro del sector ambiental, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). Este nuevo organismo público se encargará de la evaluación de los estudio de impacto ambiental (EIA) de proyectos de gran envergadura, vale decir, de aquellos que requieren de un EIA detallado para obtener su certificación ambiental.
Una primera cuestión consiste en reconocer que el proceso de evaluación de los EIA no viene generando la confianza ciudadana que todos deseamos. Por el contrario, la desconfianza respecto de sus resultados, lejos de reducir los costos de transacción de las empresas los incrementan, imponiendo revisiones adicionales fuera del marco legal y cambios de último momento no previstos al momentos de concebir los proyectos.
Ganarse la confianza de la población -y en especial la del interior del país- aunque difícil, ha demostrado ser una tarea posible para algunas entidades estatales, de hecho, instituciones como el RENIEC, la Defensoría del Pueblo o el Indecopi, entre otras, demuestran que el trabajo esforzado, profesional, técnico e independiente, termina por ser reconocido por sus usuarios.
SENACE tiene por delante este objetivo, alcanzar la confianza en su trabajo, de manera que una vez aprobado los proyectos que se sometan a su escrutinio, la población tenga la seguridad que se ha verificado, escrupulosamente, la compatibilidad ambiental y social del nuevo proyecto y que éste constituye una oportunidad de mejora para todos.
Sin embargo, la experiencia demuestra también que la independencia institucional resulta ser un factor crucial, al punto que podemos afirmar que “confiabilidad” e “independencia” constituyen dos caras de una misma moneda. Por ello, debe garantizarse que el actuar del SENACE se encuentre libre de interferencias políticas o de otra índole, y en este tema considero que existe aun trabajo por hacer, sobretodo si consideramos que el Jefe del SENACE se encuentra orgánicamente debajo de un Consejo Directivo formado por seis ministros de Estado.
Si logramos preservar al Jefe del SENACE y a su equipo técnico de interferencias lo siguiente será implementar mecanismo de transparencia y trabajo desconcentrado que acerquen a la nueva organización a la población e instituciones del interior del país. No debemos olvidar que los proyectos en su gran mayoría se ubican fuera de las fronteras de la capital y que el EIA representa una investigación altamente especializada, multidisciplinaria y multi-variable de información de la zona rural del país, de muy compleja y difícil comunicación y compresión.
Por ello, el desafío del SENACE podría resumirse en cómo lograr que la población crea en lo que no entiende. En mi opinión, explicar en lenguaje sencillo el EIA y su proceso de evaluación será una vía necesaria pero siempre insuficiente, se requiere transitar una vía adicional: incorporar actores locales especializados que conozcan empírica y científicamente su territorio y que se encuentren dispuestos a contribuir con la mejora de las condiciones de vida de su región.
Las facultades universitarias especializadas, los colegios profesionales pertinentes, los centros de investigación, entre otros, son parte de la trama institucional local imprescindible para apuntalar el trabajo del SENACE y lograr la ansiada confianza de la ciudadanía del interior del país en la certificación ambiental de los grandes proyectos de inversión.
La opinión sobre el proyecto se empieza a formar desde etapas muy tempranas, por ello, conocer los intereses, percepciones, temores y aspiraciones de la comunidad e institucionalidad local representa un insumo fundamental para la elaboración de una escala de valores sociales que sirva de guía al proceso de elaboración y evaluación del EIA.
Que el SENACE se convierta en una institución relevante para el país, capaz de producir valor público que se traduzca en viabilidad para los proyectos y bienestar para la población, es una tarea posible si se le garantiza independencia a sus funcionarios y recursos para solventar un trabajo altamente técnico e integrado con el interior del país.
