(AFP) El gobierno de Colombia lamentó y consideró una “dificultad” el fallo de un alto tribunal que declaró inconstitucionales dos apartados del procedimiento legislativo especial creado para agilizar la implementación del acuerdo de paz con la guerrilla FARC.

“La decisión de la Corte el gobierno la acata y la respeta, pero no la comparte (…) Consideramos esa decisión una dificultad en el camino de la implementación de la paz”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

La Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna en Colombia, declaró el miércoles la inconstitucionalidad de dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa aprobada por el Congreso y avalada por el alto tribunal en diciembre que facilita el desarrollo normativo para la implementación del pacto con las FARC.

El tribunal consideró como una “sustitución del principio de separación de poderes” y limitante de la “capacidad deliberativa y decisoria del Congreso” el literal que estipula que los congresistas deberán aprobar o rechazar los textos de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo sin hacerles cambios, salvo con la venia del gobierno.

También declaró inconstitucional el apartado que establecía que “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno Nacional en una sola votación”.

“Este procedimiento era ágil y expedito”, agregó Cristo, quien afirmó que el gobierno solucionará esta “dificultad” con el apoyo de las mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes.

La totalidad del acto legislativo había sido objetada en agosto por el senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, férreo detractor del acuerdo de paz.

Dicha normativa establece un mecanismo de vía rápida (“fast track”) que, entre otros, permite reducir el número de debates necesarios para la validación de las normas relacionadas con el pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actualmente en proceso de desarme, para superar medio siglo de conflicto armado.

Bajo esta modalidad, el Congreso aprobó leyes catalogadas como fundamentales por el gobierno, como la de amnistía e indulto para los rebeldes señalados de delitos políticos y la participación política de los miembros de la principal y más antigua guerrilla del país.

Estas normas no se verán afectadas por la sentencia, porque las decisiones del tribunal no son retroactivas, explicó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, en rueda de prensa.