El reciente decreto emitido por el gobierno para que la policía pueda acceder a la ubicación de los teléfonos celulares sin la necesidad de la orden de un juez y que también obliga a las operadores a almacenar los datos de comunicaciones de los usuarios por tres años, viola el derecho al secreto de las telecomunicaciones, advirtieron abogados especialistas.

Fátima Atoche, abogada del estudio Iriarte & Asociados, refirió que si bien se entiende el fin de lucha contra la inseguridad, ello no puede infringir los derechos de los ciudadanos.

“Cuando se limita un derecho constitucional como lo es la vulneración a la privacidad que implica la geolocalización y el acceso a la data de comunicaciones, lo que se espera es que haya un juez que lo pueda autorizar”, refirió hoy en RPP.

Con ello la policía podría saber dónde estás ubicado y con quien te estas comunicando, refirió Atoche. “Si bien no se accede al contenido de esta comunicación, el derecho a la privacidad no solo engloba a la comunicación en sí, sino a toda la información conexa a esta comunicación”, anotó.

En ello coincidió el abogado Abel Revoredo, experto en tecnología. “El secreto de las telecomunicaciones incluye no solo el contenido, sino los datos técnicos. Por ejemplo, al hacer una llamada, la información como el lugar y la hora realizada es reconocida como parte del secreto de las comunicaciones”, indicó.

“Es como decir que la inviolabilidad de domicilio solo protege el dormitorio, y el resto de la casa no está protegida y permitamos que las autoridades entren a ver qué cosa hay por ahí. Para mí no se puede hacer ese tipo de distinciones”, criticó Revoredo.

Los analistas pidieron modificar la ley, pues establece que el Poder Judicial ejerza el control de la medida, después del acceso a los datos, mientras que “la constitución exige que sea previamente al acceso a los datos”, señaló Revoredo.

Al respecto el ex ministro del Interior y actual asesor presidencial en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, refirió que la medida será excepcional, solo para casos de flagrantes delitos.

“Se va a ubicar a un teléfono siempre que ese teléfono esté en una denuncia policial por delito flagrante. Por ejemplo, si me llaman y me extorsionan, se podría ubicar ese número”, indicó.