Un nuevo escándalo remece a la política peruana y esta vez la protagonista es la ex primera dama Nadine Heredia, a quien un testigo acusó directamente de ser la persona encargada de direccionar la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para permitir que Odebrecht gane dicho proceso.

Según un informe del programa Cuarto Poder, la declaración del testigo, ante la Fiscalía Anticorrupción, acusa a Heredia de haber actuado siguiendo las órdenes del ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien hoy se ha acogido a la colaboración eficaz.

“Desde un comienzo (las bases de la licitación) estaban dirigidas a favor de la empresa Odebrecht, siendo Jorge Barata Simoes quien participaba en representación de la mencionada empresa y coordinaba directamente con Nadine Heredia”, dice el testimonio.

Según el relato del testigo, Jorge Barata Simoes le habría solicitado a Nadine Heredia Alarcón que realice las gestiones pertinentes con el Ministro de Energía y Minas o con el presidente de Proinversión, con la finalidad de retrasar la licitación internacional.

A esto se suma que en marzo o abril del 2014, Heredia habría decidido cambiar al presidente del Comité de ProInversión a cargo del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, “también por solicitud de Jorge Barata”.

¿Esto coincide con la realidad?, pues el 7 de mayo del 2014, el presidente del Comité de ProInversión encargado de la licitación renunció a su cargo y ese mismo día, el entonces ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, designó en su lugar a Edgar Ramírez Cadenillas.

Según el testigo, este nombramiento habría sido impuesto por Nadine Heredia a pedido de Barata.

Según el reportaje, Ramírez Cadenillas aceptó el cargo a pesar de que previamente había brindado consultorías tanto a Kuntur, la subsidiara de Odebrecht a la que el gobierno de García entregó el proyecto inicialmente, como a la misma Odebrecht, a través de Latin Energy Global Services SAC, empresa de la que es socio fundador.

Justamente, Ramírez se presentó el último viernes ante la comisión Lava Jato y aseguró no sólo había hecho consultorías para una de las empresas del consorcio que ganó la licitación sino también para las integrantes del consorcio que fue descalificado.

Agregó que “no le pareció haber incurrido en un conflicto de intereses cuando aceptó presidir el comité”.

El proceso de licitación del GSP siguió su rumbo y el viernes 27 de junio del 2014, el comité a cargo de la licitación le concedió de plazo al consorcio Gasoducto Peruano del Sur hasta el lunes 30 a las 9 y media de la mañana para que ratifique una variación en el accionariado de las empresas que lo integraban.

Sin embargo, antes de que se cumpla el plazo, el comité decidió descalificarlo pese a que tenía la propuesta menos onerosa para el Estado. Así, el otro consorcio, integrado por Odebrecht y Enagás, quedó como postor único y ganador final.

El propio presidente del comité, Ramírez Cadenillas, explicó que habían arribado a esa conclusión en base a informes legales solicitados a dos estudios de abogados.

¿Qué estudios de abogados respaldaron esa postura?, pues se trata de Delmar Ugarte y Echecopar, los cuales concluyen que no cabía posibilidad de rectificación. “Lo único que cabía era la descalificación”, señaló Ramírez.

Sin embargo, tanto para la Segunda Fiscalía Anticorrupción como para la comisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Ollanta Humala, ambos estudios de abogados habrían incurrido también en conflicto de intereses debido a sus vínculos con las empresas integrantes del consorcio ganador.

En el caso de Delmar Ugarte, estudio de cabecera de ProInversión, el informe tiene la firma de Luis Peschiera Rubini, colega de Mariana Simoes, socia del estudio que trabajó en el departamento legal de Odebrecht entre los años 2008 y 2011.

Consultada por Cuarto Poder, Mariana Simoes afirmó que su trabajo en Odebrecht fue previo a la consulta de ProInversión y que ella no tuvo ninguna participación en el informe que elaboró el estudio del que es socia.

Asimismo, el testigo afirmó que, para cumplir su presunto objetivo de armar una licitación a la medida de Odebrecht, la entonces Primera Dama necesitaba un Ministro de Energía y Minas que obedeciera sus designios.

“Nadine Heredia propuso como nuevo ministro a Eleodoro Mayorga, siendo nombrado este último en dicho cargo en febrero del 2014, siendo que luego de ello se habrían producido varias coordinaciones entre Nadine Heredia, Eleodoro Mayorga, Edgar Ramírez Cadenillas y Jorge Barata, las mismas que se realizaban de manera frecuente y con la finalidad de eliminar a la empresa que competía contra Odebrecht para la licitación”, dice el testimonio del testigo.