(Bloomberg) Todo el que espere que un nuevo gobierno salve al país más rico de América Latina del desastre económico y la parálisis política tendrá que ser paciente. Apenas había el vicepresidente brasileño Michel Temer reemplazado al gobierno de Dilma Rousseff –que deberá someterse a juicio en el Senado, acusada de manipulación del presupuesto-, cuando se encontró metido en un lío propio.

En su honor, hay que decir que Temer no perdió tiempo y destituyó a su ministro de Planificación y principal operador político, Romero Jucá, quien fue escuchado confabulando para acelerar el juicio político a Rousseff, al parecer para protegerse y proteger a aliados políticos de la creciente investigación sobre sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Con esa decisión, Temer limitó daños a su impopular gobierno provisional y rescató su plan de ajuste de emergencia que el Congreso aprobó en la madrugada del miércoles tras 16 horas de debate.

Temer no es ajeno a los pactos fáusticos que los máximos gobernantes de Brasil tienen que hacer para poder gobernar. Su Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, ha integrado todos los gobiernos desde el retorno de la democracia en 1985, por lo cual ha anudado acuerdos en el Congreso, ha ocupado espacios en la burocracia federal y ha compartido las prebendas del poder.

El PMDB no es más que el competidor más exitoso de lo que podría ser el ecosistema político más permisivo de Latinoamérica, que alienta a los partidos a dividirse, multiplicarse y nutrirse a expensas de las arcas públicas sin tener en cuenta a los votantes. Cuándo el sistema electoral de Brasil se hizo ininteligible -como dijo el extinto politólogo Amaury de Souza- es algo que resulta difícil de precisar. La responsabilidad, sin embargo, recae en parte en su Suprema Corte. En 2006, el alto tribunal eliminó una “cláusula de desempeño” que beneficiaba a los partidos que cumplían con un límite de 5 por ciento de intención de voto.

28 partidos políticos

De haberse mantenido esa disposición, Brasil podría tener hoy seis o siete partidos políticos de dimensiones razonables, calcula Octavio Amorim, un analista político de la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro. En cambio, destacó Amorim, hay 28 partidos con representación parlamentaria (más que los 22 de 2014), cada uno de los cuales tiene derecho constitucional a presentar candidatos, ocupar tiempo de aire para campañas televisadas y a percibir un porcentaje del fondo nacional para partidos políticos que subsidian los contribuyentes.

El resultado es una parálisis legislativa crónica y coaliciones gobernantes frágiles, compuestas por una multitud de partidos que canjean su lealtad por favores políticos, respaldo y sobornos, que son cada vez más frecuentes.

La red de Petrobras no era sino un sistema para mantener contentos a aliados mediante el desvío de fondos de contratos de obras públicas inflados a las arcas de las campañas políticas. El daño estimado para las finanzas públicas es de más de US$10.000 millones, lo que incluye US$1.800 millones tan sólo en sobornos.

Es por eso que es comprensible que los brasileños tengan tan poca consideración por sus representantes electos, y también que las deliberaciones en el Congreso puedan transformarse en una ópera bufa. “Payaso”, “insolente” e “imbécil” fueron algunos de los calificativos que los legisladores se lanzaron unos a otros la semana pasada, y téngase en cuenta que el ámbito era la comisión de ética legislativa.

Por suerte, no todo está perdido. Si bien el país está obsesionado por el juicio político a Rousseff, algunos legisladores han estado ocupados. El mes pasado, el Senado votó una reforma a los fondos privados de pensión que impide las designaciones políticas en altos cargos y exige que los fondos sean sometidos a auditorías independientes. Los senadores también aprobaron una ley estatal de responsabilidad empresarial para proteger a compañías estatales como Petrobras del amiguismo. En febrero, además, flexibilizaron las restricciones nacionalistas a la inversión privada en los yacimientos de petróleo presal en aguas ultraprofundas de Brasil. Todas esas leyes se encuentran ahora a consideración de la Cámara Baja.

‘El poder judicial llena el vacío’

En un país donde tradicionalmente un ejecutivo hiperactivo domina al poder legislativo, ese progreso es alentador. “Ahora que la presidencia está debilitada por el juicio político, el poder judicial llena el vacío”, me dijo el senador Antonio Anastasia, del Partido por la Socialdemocracia Brasileña. “El parlamento tiene que demostrar que puede recuperar la iniciativa”.

De todos modos, la clase política de Brasil necesita más una reorganización que un retorno. Lamentablemente, cualquier cambio efectivo – reducir la cantidad de partidos, la votación por distrito para hacer que los legisladores deban rendir cuentas a votantes locales- tendrá que olvidarse de los mismos políticos que prosperan con el actual sistema permisivo.

En momentos en que Temer debe hacer frente a tantas emergencias, esa podría ser una revolución para otro momento.

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