AFP.- Casi dos meses después de que los colombianos rechazaran el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron con un “balígrafo” (una bala convertida en bolígrafo) el revisado pacto, en una austera ceremonia.

Las 800 personas invitadas al clásico Teatro Colón de Bogotá contrastaban con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena frente a 2,500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.

El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en el que también han participado paramilitares y agentes estatales, con saldo de más de 260,000 muertos, 60,000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados.

Uribe propone referendo
El acuerdo fue llevado al Congreso, de mayoría oficialista, donde debe aprobarse y comenzar el proceso de implementación.

El debate, que se iniciará el martes en ambas cámaras, será abierto y televisado, y con participación de legisladores, víctimas y opositores.

Uno de los principales reclamos de la oposición es que el nuevo documento también permite que guerrilleros culpables de delitos atroces pueden presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.

“Problemática” implementación
Según se anunció este jueves, con la refrendación empezarán a correr los plazos de la implementación, un tema sobre el que gobierno y rebeldes tienen especial premura.

“Cinco días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. A los 90 días se iniciará la dejación de las armas. Y en 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Las FARC, como grupo armado, habrá dejado de existir”, enfatizó Santos, flamante Nobel de la Paz.

La paz en Colombia, sin embargo, no estará completa mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses y que no se ha concretado porque ese grupo aún no libera a un excongresista secuestrado.