(Bloomberg) La directiva del presidente Donald Trump de que las agencias federales deben descartar dos regulaciones por cada una que adopten es “arbitraria”, inconstitucional y perjudicará a los estadounidenses, sostienen un sindicato y dos agrupaciones de derechos de los ciudadanos.
Los argumentos invocados en una demanda federal representan un nuevo caso de resistencia al uso que hace Trump de los decretos ejecutivos para efectivizar rápidamente cambios que proclamó durante su campaña.
Trump argumentó el miércoles que su facultad para limitar la inmigración no debería ser determinada en tribunales, en momentos en que un panel de apelaciones examinaba cómo proceder en una impugnación a su decreto de prohibición de viajes.
El caso más reciente se refiere a la orden ejecutiva de Trump del 30 de enero en la que instruye a los organismos del Estado a compensar los costos de nuevas normas mediante la eliminación de los generados por normas anteriores.
La demanda fue interpuesta el miércoles en Washington por la agrupación defensora de derechos cívicos Public Citizen, el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC) y el sindicato de los Trabajadores de las Comunicaciones de Estados Unidos (CWA).
“La orden exige que las reglas nuevas tengan un costo neto de US$ 0 este año fiscal, sin tomar en cuenta el valor de los beneficios de las protecciones públicas” provistas por las normas existentes que serán anuladas, manifestó Public Citizen, con sede en Washington, en un comunicado donde anunciaba la acción.
La vocera del Departamento de Justicia Nicole Navas declinó hacer comentarios. La vocera de la Casa Blanca Lindsay Walters no respondió de inmediato a un correo electrónico para conocer sus comentarios sobre la demanda.
Las organizaciones afirman que la medida excede la autoridad constitucional del presidente porque socava la autoridad legislativa del congreso así como su propia obligación de “ocuparse” de que las leyes de Estados Unidos sean cumplidas fielmente. Piden al tribunal que prohíba su implementación.
Un juez de un tribunal federal de Seattle suspendió temporariamente el decreto de Trump sobre inmigración, lo que llevó a un inmediato pedido de apelación por parte del gobierno.
Un tribunal de apelaciones federal de san Francisco ayer escuchó las argumentaciones para determinar si anula la sentencia emitida el 3 de febrero por el Juez James Robart.
El caso es Public Citizen Inc. v. Trump, 17-cv-253, Tribunal de Distrio de Estados Unidos, Distrito de Columbia (Washington).
