“La universidades particulares son negocios y solo se deben supervisar como empresas”

Para César Ferradas, director de CENTRUM online, la nueva ley universitaria es “peligrosísima” porque recorta la autonomía de las universidades particulares, cuya calidad educativa debería ser regida, no por el Estado, sino por sus propios “clientes”.

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Ayer, el Pleno del Congreso inició el debate de la nueva ley universitaria que, entre otras cosas, propone crear la Superintendencia Nacional de la Universidad Peruana (Sunau), entidad que supervisará la calidad educativa y fiscalizará el uso de los recursos de las universidades, y hacer obligatoria la acreditación de las carreras universitarias.

Para César Ferradas, director de CENTRUM online, este proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Comisión de Educación, es “peligrosísima” porque recorta la autonomía de las universidades al imponer determinadas posiciones gubernamentales que solo debería alcanzar a los centros educativos públicos.

Según explica Ferradas, hay tres tipos de universidades: las estatales, que reciben ingresos del Estado y están sujetas a determinadas normativas; las privadas, que se crearon o no están acogidas al Decreto Legislativo 882; y las particulares, que sí fueron creadas y migraron hacia esa legislación. Así, para aplicar cualquier regulación, es necesario “separar la paja del trigo”.

“No rechazo cualquier forma de intervención sino que la intervención debe ser también regulada (…) Por ejemplo, las particulares, que son las universidades más tradicionales como la Católica, la Cayetano Heredia o la Pacífico deben tener autonomía”, sostiene Ferradas.

“Sería terrible si llegamos a lo que es esto (promulgar la nueva ley). Las privadas déjalas ahí. Las particulares son negocios, que emitan sus títulos como quieran, solamente las supervisamos como empresas comerciales… La parte académica, que hagan lo que deseen, el público estará eligiendo. Las universidades estatales sí necesitan un control estatal porque los fondos son estatales”, asegura.

De acuerdo con Ferradas, el “gran problema” de las universidades es que emiten títulos a nombre de la Nación. “Un título de Harvard vale por sí mismo, un título de la PUCP vale por sí mismo, entonces, ¿por qué tienen que ser “fedatiados” por organizaciones que no han dado resultados?”, se pregunta.

En cuanto a la obligatoriedad de la acreditación, el profesor de CEMTRUM Católica indica que puede convertirse en una camisa de fuerza porque le resta innovación a los servicios educativos de los centros.

“Imagínese el problema que han creado Sineace, Coneau, Sunau… Imagínese que llegue un gobierno totalitario, entroniza a algunos de sus jerarcas y simplemente si no está de acuerdo con lo que ellos llaman certificación, no te permiten abrir un programa o te cierran el programa o pueden llegar a cerrar universidades. Cuando caiga por acá un gobierno totalitario, puede traerse abajo la autonomía universitaria y, sobre todo, la liberta de cátedra”, expresó.

“Una ley marco que pueda diferenciar la libertades de las necesidad de supervisión sería suficiente. No estamos en un régimen totalitario en el que tenemos que inclinarnos ante determinadas posiciones gubernamentales”, afirmó.

Posición de Mora
Aunque admitió que la ley no es perfecta y puede perfeccionarse, el congresista Daniel Mora, principal promotor de este proyecto, confía que será aprobada por el pleno del Congreso.

Asimismo, reiteró una vez más que la cuestionada Sunau vaya a afectar la autonomía de las casas de estudio. La entidad, adscrita al Ministerio de Educación, cumplirá con supervisar la calidad educativa y el uso de los recursos, pues la Sunat no cuenta con personal especializado y las oficinas de autorregulación no funcionan.

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