AFP.- La oposición venezolana y ONG condenaron este martes el enjuiciamiento de decenas de civiles en tribunales miliares, un hecho que denuncian como una maniobra de “persecución” del presidente Nicolás Maduro para desactivar las protestas en su contra, que dejan 36 muertos en 40 días.

La medida viene a echar sal a la herida en momentos de alta crispación por la convocatoria de Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, que ha intensificado las marchas con las que la oposición exige su salida del poder.

El Parlamento, único poder controlado por la oposición, aprobó un acuerdo que condena esos juicios por considerar que “viola los derechos humanos”, en una sesión en la que intervino, en comunicación vía web, el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

“Esa es una práctica de las dictaduras”, dijo desde Washington el jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la sesión, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que asesora a los detenidos, precisó que 73 civiles fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado Carabobo (centro-norte).

Al dirigirse al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, el presidente del Parlamento aseguró que el artículo 261 de la Constitución “es claro” al señalar que la competencia de esas cortes “se limita a delitos de naturaleza militar”.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi, centro), mayor general Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron puestos a órdenes de tribunales militares acusados de “ataque al centinela y asociación para la rebelión”.

El gobierno no se pronuncia aún sobre la acusación que hizo la oposición de esa medida como acto de “represión y persecución”.

“¿Rebelión?”
Los enjuiciados fueron detenidos en los últimos días en Carabobo, donde ocurrieron fuertes protestas y saqueos, en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Maduro cuando iniciaron las protestas.

Las audiencias comenzaron el pasado viernes en un destacamento de Valencia -capital de Carabobo-, pero luego se trasladaron a un barrio de esa ciudad, 160 km al oeste de Caracas.

“Se está violando el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares, de naturaleza civil, y el debido proceso. Es una forma de perseguir la disidencia y paralizar las protestas”, dijo a la AFP telefónicamente el abogado Tony Marval,del equipo de la defensa.

Según Foro Penal, el gobierno está aplicando esa medida porque la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras y se niega a imputar a esas personas.

Ante eso “te tiran a ese hueco absurdo, horrendo, y dictan la sentencia que les dé la gana”, dijo el diputado opositor Henry Ramos Allup.

Los enjuiciados enfrentan cargos de instigación a la rebelión, pese a que muchos fueron detenidos por los saqueos, indicó Romero a la AFP.

Marval precisó que los detenidos están en la cárcel del estado Guárico, a unos 110 km de Valencia.

“Esto significa un quiebre del Estado de Derecho en Venezuela”, dijo la directora de la ONG Control Ciudadano y experta en temas militares, Rocío San Miguel.

“Una Constituyente militar”
El presidente había anunciado su asistencia a una multitudianaria concentración de sus seguidores en favor de la Constituyente, pero en su lugar dirigentes de gobierno defendieron la iniciativa como lo “más democrático”.

Maduro, cuya gestión es rechazada por siete de cada diez venezolanos -según encuestas- ante la severa crisis económica del país, asegura que las manifestaciones opositoras han derivado en “actos terroristas” y de “insurgencia armada” que buscan derrocarlo.

El vicepresidente Tarek El Aissami anunció que el Plan Zamora desarticuló “células de insurgencia armada” que vinculó con la oposición y particularmente con Borges.

Maduro, quien tiene en la Fuerza Armada un aliado clave al que ha dado gran poder económico y político, asegura que la Constituyente “popular” es el único camino para la paz del país.

“Tendremos (también) una Constituyente militar para profundizar la revolución bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada”, dijo el lunes.

La oposición asegura que Maduro busca una Constituyente “a su medida” con un sistema mixto de elección de los asambleístas que no garantiza el voto universal, a fin de eludir elecciones generales y afianzarse en el poder.

Asimismo, sostienen que la Constituyente continúa “el golpe de Estado” que aseguran comenzó cuando el Tribunal Supremo de Justicia asumió temporalmente las funciones del Parlamento, lo que fue denunciado por la fiscal como una ruptura del orden constitucional.