AFP.- (Reuters) Tras desmantelar el legado de Barak Obama sobre el clima, el presidente estadounidense Donald Trump pasó a la ofensiva este miércoles al firmar un decreto sobre la protección de los grandes espacios, una de las prioridades de su predecesor, con el oeste del país en el punto de mira.

Trump firmó un decreto que ordena examinar las declaraciones de “Monumento Nacional” adoptadas en las dos últimas décadas, es decir, por Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.

“La administración precedente utilizó una vieja ley de hace 100 años para imponer un estricto control federal sobre millones de hectáreas, tanto en tierra como en mar, privando a sus habitantes de la capacidad de decidir cómo utilizar esa tierra”, dijo Trump.

Indignado por que Barack Obama haya incluido bajo la protección del Estado Federal más de 100 millones de hectáreas (terrestres y marítimas), “más que el Estado de Texas”, Trump consideró que era momento de poner fin a esos “abusos”.

“Hoy estamos devolviendo el poder a los Estados”, anunció, sin mencionar la cuestión medioambiental.

En el corazón de este nuevo decreto del magnate inmobiliario se encuentra la Antiquities Act (Ley de Antigüedades), firmada en 1906 por Theodore Roosevelt, ardiente defensor de la protección de los recursos naturales.

Este texto permite a un presidente intervenir para preservar los espacios amenazados, que pueden ser transformados en Parques Nacionales cuando el Congreso se hace cargo del dossier. El Gran Cañón, el Valle de la Muerte y grandes regiones de Alaska se han beneficiado de este instrumento jurídico.

Desde su creación, casi todos los presidentes han recurrido a esta ley, si bien tres de ellos, los republicanos Richard Nixon, Ronald Reagan y George H. W. Bush, no la utilizaron.

Utah en el centro de los debates
A lo largo de las décadas, estas designaciones han sido fuente de polémicas en la medida que implica la prohibición de nuevas perforaciones o explotaciones de energías fósiles (petróleo, gas, carbón), así como de límites a la agricultura o la pesca.

Algunos legisladores del Congreso denuncian con vehemencia la legitimidad de este texto. Vociferando contra la mala gestión federal de los territorios y deplorando un freno al desarrollo económico, estos legisladores han intentado en varias ocasiones destrozar la ley, sin éxito.

Obama, que hizo de la lucha contra el cambio climático y de la protección de la biodiversidad una prioridad de sus dos mandatos, recurrió a dicho instrumento en varias ocasiones.

La administración Trump señaló que sólo unas 40,000 hectáreas o más declaradas “monumento”, una treintena en total, se verán afectadas por este examen, y está previsto que se redacte un primer informe en 45 días.

Este decreto presidencial, que marcará el comienzo de una larga batalla ante los tribunales, ha sido vivamente condenado por organizaciones de defensa del medio ambiente.

Según el Natural Resources Defense Council (Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, NRDC) el presidente “no tiene el poder” de poner en duda la declaraciones de “monumento nacional”.

Destacando la necesidad de tener en cuenta las generaciones futuras, la ONG recordó que esos territorios han sido protegidos de forma permanente “en razón de sus recursos únicos en materia de fauna y de flora, su importancia ecológica y su vulnerabilidad”.

El estudio tratará en concreto sobre el periodo que va desde la declaración del “Monumento nacional de Grand Staircase-Escalante” (Utah, sureste de Estados Unidos), por Bill Clinton en 1996 hasta la declaración “Bears Ears” (también en Utah) por Barack Obama en 2016, al final de su mandato.

Estas decisiones, que protegen amplias extensiones de cañones y tierras rocosas en Utah, habían suscitado protestas por parte de legisladores locales.

El senador republicano de este estado, Orrin Hatch, muy comprometido con el tema, estimó que Obama infringió “a la vez el espíritu y la letra de la ley”.

“Varios presidentes han hecho un uso abusivo (de la Antiquities Act) para promover objetivos políticos radicales”, escribió en una tribuna publicada en The Washington Post, donde se declaró convencido de que Donald Trump repetirá los errores de sus predecesores.