(EFE).- El director ejecutivo de Greenpeace internacional, Kumi Naidoo, ratificó hoy su intención de colaborar con las investigaciones que realiza la justicia peruana para determinar responsabilidades en los daños causados por activistas de esta organización en las Líneas de Nazca.

Naidoo confirmó a la emisora RPP Noticias que mañana se presentará en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Nazca, a unos 460 kilómetros al sur de Lima, para declarar ante la fiscal que investiga el caso.

Señaló que aunque la fiscalía peruana había informado que debía presentarse hoy, él recibió un documento oficial que lo citaba para mañana.

“Fue un malentendido, no estoy culpando a la justicia (peruana)”, aclaró.

El director de Greenpeace dijo que está “agradecido” de haberse podido reunir el lunes pasado con la ministra peruana de Cultura, Diana Álvarez Calderón, y otros funcionarios públicos, para hablar de la intervención de los activistas en Nazca.

Señaló que durante ese encuentro propuso la colaboración de su organización para solucionar los daños en las líneas y también el apoyo en otras actividades como una forma de colaboración “a largo plazo” con Perú.

“Hablamos de otras propuestas ulteriores, en no centrarnos solamente en este sitio concreto, sino también poder hacer otra actividad teniendo en cuenta la gran red que tiene Greenpeace”, indicó.

Dijo que, sin embargo, las autoridades peruanas son “de la opinión de que primero se tienen que esclarecer estos hechos por la vía judicial”.

“Estamos totalmente comprometidos” con esto, concluyó.

La titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Nazca, Patricia Begazo, dijo hoy que Naidoo será interrogado “en relación a todo lo sucedido el día 8 de diciembre” pasado, cuando los activistas de Greenpeace ingresaron a las Líneas de Nazca para colocar un mensaje dirigido a los participantes en la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP20).

Begazo acusa a los activistas del delito contra el patrimonio cultural, en la modalidad de atentado contra los monumentos arqueológicos, en agravio del Estado Peruano, que está castigado con penas de hasta 8 años de cárcel.

Los implicados en el caso dejaron Perú el pasado fin de semana después de que un tribunal rechazara la petición de la fiscalía para que se impidiera su salida porque el expediente no indicaba el domicilio donde debían ser notificados.

El ministerio peruano reportó a la Unesco “los graves daños” causados al entorno de la figura del Colibrí, en un área de 1.600 metros cuadrados y que, en el lugar, quedó “marcada de manera irreparable la ruta que siguieron para acceder al geoglifo”.