(Bloomberg) ¿Cómo se debe castigar a las empresas que violan la ley? Naturalmente se trata de una pregunta difícil, pero los fiscales de Estados Unidos necesitan una mejor respuesta.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que quería US$14.000 millones del Deutsche Bank AG por transgresiones relacionadas con hipotecas – una cantidad que amenazó con dañar gravemente a una de las instituciones financieras más grandes del mundo, privar de importantes servicios financieros a la gente alrededor del mundo y acabar con miles de empleos- los mercados cayeron y los políticos alemanes protestaron. Algunos banqueros centrales están preocupados porque las multas para instituciones financieras, que suman más de US$175.000 millones desde 2010, podrían estar frenando a la ya débil economía global.
Sin embargo, despreocuparse no puede ser la respuesta. Como cualquier otra asociación, las entidades corporativas no son inmunes al mal comportamiento. En la última década, los bancos y otras compañías han violado la ley -han lavado cientos de millones de dólares para los cárteles de droga, ayudado a dictadores a evadir sanciones y mentido para obtener ganancias para los clientes, los inversionistas y el gobierno. Tales actos deben ser impedidos, pero de preferencia de una forma que no provoque un daño económico colateral.
Una mayor claridad sobre las consecuencias de violar la ley ayudaría a los fiscales estadounidenses que tienen las herramientas, pero hacen mal uso de estas. Al establecer sanciones, pueden referirse a las directrices de condena diseñadas para asegurar consistencia. Pueden ofrecer descuentos para fomentar la cooperación y la reforma. Pueden designar monitores independientes para asegurar que las compañías paguen la restitución y cambien los sistemas que permiten que ocurra el mal comportamiento. En todos estos aspectos, son irregulares.
Los fiscales frecuentemente no explican cómo han calculado sus multas. En los casos donde se ha nombrado un monitor, ellos se resisten activamente a publicar un reporte. Esta oscuridad puede inclinarlos a elegir una penalidad rápida y atractiva para los titulares, en lugar de perseguir individuos o seguir adelante con las reformas, lo cual resulta más difícil. Puede facilitar reformas. Y permite que los ejecutivos fácilmente transfieran las consecuencias de sus malas acciones a los accionistas.
Mayor transparencia es parte de la respuesta. Si las compañías pudieran ver cuánto ahorraron los infractores al cooperar, ellos y sus consejos tendrían mayor voluntad para denunciar una mala conducta. Si la información que ellos proporcionan ayuda a los fiscales a investigar y fincar cargos contra los individuos, se reduciría la necesidad de castigar a los accionistas con multas. Si los esfuerzos de reforma fueran abierta e independientemente monitoreados, las compañías tendrían un incentivo más fuerte para hacer que funcione. Finalmente, en casos que tienen impacto multinacional, los estados necesitan reconocer que es un trabajo para las autoridades federales, en coordinación con sus contrapartes en el extranjero.
Con demasiada frecuencia, las multas realmente agravan el daño hecho por la mala conducta corporativa, dando la impresión de que las penalidades son como boletos de estacionamiento para camiones de reparto, solo otro costo de hacer negocios. Los fiscales estadounidenses necesitan cuestionar esas ideas con información -haciéndose más responsables en el proceso. Y si no lo hacen, el Congreso debe insistir.
