Bloomberg.- En un barrio en gentrificación de San Francisco, una pareja baja de un taxi y se dirige hacia un apartamento, con sus maletas de ruedas detrás.

Sin que se den cuenta, un investigador privado llamado Michael Joffe está sentado en su coche aparcado al otro lado de la calle, sacando fotografías discretamente.

No se trata de reunir pruebas para un caso de divorcio ni de espionaje internacional. Nada tan lascivo ni misterioso. Es, en cambio, un episodio que permite captar qué amarga se ha vuelto la pugna entre los inquilinos con dificultades y las páginas webs para alquileres de corta estancia como Airbnb Inc.

Joffe trabaja para un abogado especializado en alquileres, que a su vez representa a una familia que fue expulsada de su apartamento: ése al que estaba entrando la pareja.

El objetivo del despliegue era descubrir, y documentar, pruebas fehacientes de que el propietario está violando las ordenanzas municipales que limitan el uso de hogares privados para alquile-res a corto plazo.

Se trata de un trabajo muy lucrativo a día de hoy en San Francisco, la ciudad que ha llegado a representar la falta de viviendas asequibles en Estados Unidos.

“Desafortunadamente, o afortunadamente, según lo mires, ser investigador con este tipo de trabajo en San Francisco es una buena forma de ganarse la vida, porque hay muchos”, explica Joffe, de 48 años.

Medidas tranquilizadoras
Airbnb no está de acuerdo en que el alquiler vacacional haya reducido significativamente las opciones de viviendas para los pobres y las personas con ingresos moderados, señalando en cam-bio el incremento de la demanda y las restricciones para la construcción de nuevas viviendas.

Pero en las últimas semanas ha tomado medidas para tranquilizar a los oficiales alarmados, un síntoma de que quizá este tipo de medidas agresivas por parte de los inquilinos están ayudando a decantar el debate.

A partir de noviembre, por ejemplo, Airbnb instauró una política de “un propietario, una casa” en San Francisco y Nueva York, como una forma de dejar fuera a los inversores que podrían estar haciendo acopio de apartamentos para comercializar en su web para estancias cortas.

“Nos oponemos con fuerza a los hoteles ilegales y a las personas interesadas que retiran aloja-mientos del mercado”, declaró el portavoz de la empresa Nick Papas.

“Hemos eliminado miles de anuncios de nuestra plataforma que no son buenos para nuestra comunidad. Estamos comprometidos a trabajar con las ciudades, para encargarnos de sus nece-sidades específicas”, agregó.

Sin embargo, y con unos gobiernos municipales que carecen de recursos para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas de vivienda, no falta el trabajo para los detectives privados como Joffe.

Cuando no está sacando fotografías de personas que van y vienen, a veces se hace pasar por un inquilino interesado para saber si los propietarios permiten alquileres a corto plazo.

Un estudio en San Francisco reveló que los vecindarios donde más personas han sido expulsadas de sus casas a lo largo de un año también tenían el mayor número de propietarios comerciales en Airbnb.

Aunque hay muchas causas para el problema de los hogares asequibles en San Francisco, admite Kevin Guy, director de la Oficina de Alquileres de Corta Duración de la ciudad, el aumento de este tipo de alquileres “está sacando viviendas del mercado, que de otra forma estarían disponi-bles para personas que quieran ser habitantes de San Francisco a largo plazo”.