La directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Anahí Chávez, reveló a Gestión que el Indecopi ha trabajado en una consultoría que permitirá hacer un piloto del arbitraje de consumo que se comenzará a aplicar a inicios del 2015.
Detalló que el principal obstáculo es la coordinación con los gobiernos regionales y locales que tienen a su cargo el arbitraje de consumo.
Así, el proyecto piloto estará armado con procedimientos de designación de árbitros para la emisión de laudos arbitrales a fin de que una vez implementado por el Indecopi se replique de manera más sencilla por los gobiernos regionales y locales.
Al respecto, el especialista Ivo Gagliuffi precisó que el Sistema de Arbitraje de Consumo se planteó a través del Código de Consumo y consiste, en líneas generales, en la existencia de un mecanismo alternativo al Indecopi para resolver controversias en materia de Protección al Consumidor entre consumidores y proveedores, de manera más rápida, sencilla y vinculante.
La organización del sistema se encargará a las Juntas Arbitrales constituidas por el Indecopi, en coordinación con los gobiernos regionales y locales.
Sin embargo, las partes se deben someter voluntariamente al proceso arbitral, el cual está a cargo de órganos arbitrales integrados por árbitros nominados por los representantes de los sectores empresariales, organizaciones de consumidores y la administración.
Los laudos arbitrales son títulos ejecutivos, pero está pendiente que el Indecopi expida el reglamento del Sistema de Arbitraje de Consumo, apuntó Gagliuffi.
Preocupación
Las principales preocupaciones, explicó el especialista, giran en torno a que los órganos arbitrales están adscritos a los gobiernos regionales o municipales, y puede ser empleado políticamente, tendiendo a favorecer a los consumidores para que los gobernantes o alcaldes obtengan popularidad entre los electores.
Por otro lado, si bien el Código de Consumo contempla que el Indecopi emita lineamientos para uniformizar los criterios de los órganos arbitrales, lo cierto es que siempre existirá el riesgo que se dicten criterios contradictorios, en especial si no se cuenta con árbitros debidamente capacitados en materia de Protección al Consumidor, apuntó.
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