(AFP).- La justicia peruana incautó la casa de verano que el expresidente Alejandro Toledo tiene en el norte de Perú, como parte de una investigación por lavado de activos en la que está comprendido junto a su esposa y su suegra.

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Con apoyo policial, el Décimo Sexto Juzgado Penal de Lavado de Activos incautó la casa de playa del exmandatario (2001-2006), ubicada en el balneario exclusivo de Punta Sal, en la región Tumbes (norte), cerca de la frontera con Ecuador, informó el Poder Judicial.

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La medida forma parte de una investigación contra Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y el empresario Joseph Maiman y otros por el caso Ecoteva, referido a la conformación de empresas consideradas de fachada en Costa Rica para la compra de varios inmuebles, presuntamente con dinero no declarado y supuestamente generado en actos de corrupción durante su gestión como gobernante, según la Fiscalía.

El caso estalló hace tres años cuando se informó que la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, quien reside en el extranjero, compró dos lujosos inmuebles como titular de Ecoteva.

Por este caso Alejandro Toledo ha comparecido ante una Comisión del Congreso que recomendó al Ministerio Publico abrir una investigación por lavado de activos al exmandatario.

El jueves pasado, el poder judicial ordenó la incautación de la casa de Toledo, ubicada en un exclusivo barrio al este de Lima. En esa oportunidad el abogado del exmandatario, Luciano López, rechazó la acción judicial.

“Me parece desproporcionado e inconstitucional la solicitud de incautación de los domicilios de la Urbanización Camacho, en Lima, y Punta Sal, en Tumbes, propiedad de la familia Toledo-Karp” aseguró.

Explicó que ambas propiedades fueron adquiridas con recursos del expresidente y con financiamiento bancario hipotecario Y los saldos finales de ambos bienes fueron cancelados con un préstamo personal del empresario Joseph Maiman, amigo de la familia.

El exmandatario Alenadro Toledo, que ha rechazado a los largo de los últimos años la ilegalidad de las operaciones, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el procedimiento de incautación ordenado por la justicia.