La creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial es una de las herramientas que la delegación peruana comunica a los empresarios mineros que participan en la convención de exploración minera PDAC 2017.

Es la principal novedad del decreto supremo que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Produce.

Según informe de la Defensoría del Pueblo, la compañía Minera Antamina es la que suma mayor número de controversias.

CADE 2016. Abraham Chahuán pidió crear una oficina de prevención de conflictos que esté permanentemente en las zonas de los proyectos.

“Como bien lo demuestran experiencias pasadas, existirían grupos de interés poco adeptos al desarrollo y las inversiones extractivas que ven en lo formal una amenaza para sus actividades y un peligro latente hacia sus intereses”, advirtió ComexPerú.

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El premier Zavala indicó que la gestión anterior se comprometió en muchas cosas y firmaron muchas actas pero “no se preocuparon realmente en cumplir y trabajar de la mano de las regiones”.

“El poco éxito en la solución de los conflictos sociales se explica por la falta de prevención”.

El director de análisis de la calificadora HR Ratings, Félix Boni, comentó que los conflictos sociales sobre los proyectos extractivos es un tema que el país debe hacer seguimiento.

Según informe del BBVA Research, el sector minero contribuirá con poco más de un punto porcentual al crecimiento en los años 2015-2017, pero existen US$ 10,000 millones en proyectos paralizados por conflictos sociales.

En esa relación, nueve casos implican a siete empresas mineras y comprometen a nueve regiones.

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Agregó que el conflicto social alrededor del proyecto Tía María debe resolverse, al igual que todos los conflictos en genera, mediante la vía pacífica.

El 66% de todos los conflictos socioambientales se relacionan con la actividad minera y este indicador es uno de los índices más altos en 2015, según estudio de Viceversa Consulting.

La afiliación voluntaria a las AFP plantea otras posibilidades frente a la vejez, que pasa por el ahorro en una entidad financiera, el aporte voluntario y el negocio propio.

Según estudio de Propuesta Ciudadana, Arequipa, Puno, Áncash y Lima son las regiones con mayor proporción de su territorio ocupado por derechos mineros.

La inversión minera en esta macro región registró una caída de 38.6% en el 2013, principalmente en Cajamarca, como consecuencia de los conflictos sociales registrados en esa región.

Un delito ambiental afecta un interés concreto o bien jurídico, mientras que una infracción ambiental implica la violación de una regla administrativa, informó Carlos Caro, socio de la firma Caro & Asociados.

Del total, 161 controversias se encuentran en calidad de activos y 51 en estado latente. Institución manifiesta su preocupación por las protestas de los médicos de MINSA, que llevan 22 días de protestas a nivel nacional.

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XI Simposium del Oro. El CEO de Buenaventura reconoció que no solo la burocracia es el problema, sino desde la mismas empresas se necesita trabajar más en el tema social y subsanar errores.

“Esta sentencia indica que se nos devuelvan los derechos de hacer uso de la zona para poder trabajar en la mina”, explicó Andrés Franco, vicepresidente de desarrollo de corporativo de la empresa.

La empresa confía en estar en condiciones de seguir adelante con importante proyecto cuprífero ubicado en la región Arequipa.

Representante de los empresarios griferos acusan a la PCM de intentar sorprenderlos pues no le dieron ninguna solución a sus reclamos y no se estableció una mesa de diálogo.

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Este año, Gobierno quiere encaminarlas hacia una política de Estado, debido a su éxito en la disminución de conflictos sociales. El director de Gestión Social del MEM, Fernando Castillo, da luces sobre el tema.

El alto comisionado del Gobierno informó que hay 59 conflictos en fase de solución. “Hemos logrado consensuar y llegar a acuerdos”, dijo. En Conga, se está “recomponiendo” la relación entre Yanacocha y la población.

Vladimiro Huaroc resaltó la nueva política de prevención, cuyo objetivo es generar confianza en el inversionista y, a la vez, proteger los derechos de la población. “El Estado no puede tener una respuesta coyuntural o mediática”, dijo.

La minera canadiense quiere recuperar su proyecto que fue revocado en el 2011 por el gobierno de Alan García. Corani logró su aprobación ambiental, pero solo significa un incentivo para destrabar su mina principal.

Perumin 2013. La herramienta asegurará las inversiones programadas para los próximos cinco años, que ascenderán a US$ 57 mil millones según el MEM, anunció Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.

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Perumin 2013. El presidente del Consejo de Ministros inauguró el evento indicando que el Gobierno hace énfasis en agilizar las inversiones de la “minería seria”, para obtener recursos que cierren brechas en el país.

La consulta previa se comenzó a aplicar donde no hay minería ni hidrocarburos y el ordenamiento territorial está durmiendo, criticó el exviceministro del Ambiente, José De Echave. Tampoco rindió cuentas sobre el gravamen minero ni de la comisión multisectorial.

Para Alfonso García Miró -titular del gremio empresarial- el Mensaje Presidencial “contribuye a tranquilizar” al país. Resaltó el anuncio de que una consultora internacional se encargará de llevar a Petroperú a la BVL.

La ONG denunció que hay muchas asimetrías en las compras de tierras de parte de las mineras, siendo desfavorecidos los comuneros. Y aclaró que este proceso se da sin consulta previa a las poblaciones indígenas.

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El presidente afirmó que los conflictos sociales mineros “se han reducido ostensiblemente”. Ello se debe –dijo– a que el Estado va a las comunidades no para “apagar incendios”, sino al frente de “mesas de desarrollo”.

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El segmento sigue dinámico, pero se hace más difícil explorar. El problema está en los menores precios, la demora de los permisos y los conflictos sociales, según Magali Arellano, gerente de Peru Top Publications, que publicó “Proyectos y prospectos mineros en el Perú 2013-2016”.

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El director gerente del IPE, Miguel Palomino, descartó que la caída de los precios de los metales y los altos costos de producción influyan en la paralización de las inversiones mineras. “Cuando los precios de los minerales no están en su nivel máximo, el proyecto es perfectamente viable”, explicó.

Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, dijo que todo el Estado necesita participar frente a los conflictos. El foco estár en lineamientos para prevenirlos y encontrar salidas positivas.

El monto será destinado a financiar nuevas iniciativas de desarrollo de manera de contribuir con un manejo responsable de los recursos naturales, refirió el primer ministro canadiense.

La revisión al alza del Banco de Crédito aumenta cifra a US$ 32,036 millones, desde los US$ 31,127 millones registrados en su primera proyección para los próximos dos años. Previsión para el sector minería bajó 1.5%.

La próxima semana estarán en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el respaldo del líder regional de Cajamarca, Gregorio Santos.

En esta región 14 compañías pertenecen al rubro minero y una al energético. En setiembre se registraron cinco conflictos sociales menos en comparación al mes anterior.

Los congresistas Mauricio Mulder y Yehude Simon argumentaron que se necesita un jefe de gabinete que sea político y técnico, características que tienen algunas autoridades de provincias y que no tiene el premier actual.