Jaime Marimón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco, habla alto y claro: el pisco no es rentable para el Estado peruano y los esfuerzos para fomentar su producción y consumo nacen de los propios productores.
“El Estado va a apoyar aquello que es exitoso, el pisco todavía, (recién) ha salido de la cama. El Estado no va a apostar por algo que no genera un crédito económico (…) Cuando voltea a ver el pisco, no es porque quiere convertirlo en un determinado producto, sino porque le conviene políticamente hacerlo”, afirma.
Marimón, también socio de la bodega Sarcay, compara el destilado bandera con otros productos de exportación y dice entender la posición de las autoridades en la materia.
“Si nosotros, con siete millones de litros, pagamos un IGV o un (impuesto) selectivo al consumo de, por decir, S/. 7 millones. ¿Te imaginas a quien le va a poner la puntería el Estado para poder atenderlo mejor? ¿A la palta, al espárrago o al pisco? La elección está dada”, señala.
Así, la autoridad gremial hace una “denuncia en buena forma”, pues comprende que “el pisco será importante para ellos, y apostarán y financiarán y harán todos los esfuerzos necesarios para apoyar al pisco cuando esto realmente genere divisas, genere movimiento, que la cadena productiva funcione”.
“¿Cómo van a ayudar si no somos nadie en el universo empresarial, financiero del Estado? Hay que ser ciego para no darse cuenta”, agrega.
La proliferación de piscos adulterados, la falta de un adecuado sistema de fiscalización de estos productos, el cerrado circuito de distribución, y el conflicto por la denominación de origen con Chile son algunos de los problemas que afectan la producción del destilado.
Cambios en el Consejo Regulador
La industria del pisco es todavía una industria incipiente, según Marimón, y el camino por recorrer es largo.
“La industria va a seguir creciendo conforme la demanda lo pida, ninguna persona está loca de empezar a sembrar uvas si no tiene la forma de venderlas”, manifiesta.
Ante esta situación, el Consejo prepara algunos cambios: la autorización de uso de la denominación pisco, que actualmente dura diez años, se tendrá que renovar todos los años. Además, una empresa privada se encargará de crear nuevos sellos para los productos auténticos.
“Hemos dado tres años vueltas en todos los estamentos del estado: al Ministerio de la Producción, al primer ministro, al presidente de la República… y no hemos logrado una atención personalizada. Sin embargo, la empresa privada sí lo ha hecho. Tenemos un convenio con una empresa que va a suministrar los timbres infalsificables, que va a financiar el proceso de verificación. Es el gran logro de este Consejo Regulador”, aseguró.
